Ocho apellidos

En nuestra cultura política contemporánea hay dos modos de concebir la pertenencia a una comunidad política: la ciudadanía y la identidad. Los venimos manejando como si fueran compatibles y complementarios, pero cada vez es más patente su contradicción, o al menos es más fácil de denunciar por discursos populistas. ¿Cuál es la alternativa? No han logrado éxito ni el multiculturalismo ni el patriotismo constitucional. El preservadurismo tecnocrático mantiene a duras penas el status quo. Quizá el camino a seguir sea una forma de agustinismo político.

En nuestra cultura política contemporánea hay dos modos de concebir la pertenencia a una comunidad política:

a) La ciudadanía. Este es el típico discurso republicano. Es un valor binario: todos los que son ciudadanos -cumpliendo los requisitos legales- son igualmente miembros de la comunidad. La salida de la comunidad es libre, no como en Corea del Norte. La entrada sin embargo tiene exigencias de adhesión a unas reglas “racionales”. Lo pongo entre comillas: se trata de las reglas propias del liberalismo político, que se consideran admisibles y convenientes para personas de cualquier origen identitario y cultural -que sea capaz de pensar con los ojos tapados bajo un velo de ignorancia sobre ese origen y su posición social. Según este lenguaje, todos los miembros de una comunidad somos libres e iguales, sin que nuestro estatus venga determinado ni cualificado por la pertenencia a una comunidad étnica, histórica, religiosa, etc. La adhesión voluntaria al contrato social sustituye a la identidad como criterio de pertenencia. Y la mera presencia en el territorio de esta comunidad republicana se condiciona a la aceptación de las reglas de juego, a la vez que ofrece amplios márgenes de libertad individual dentro de los mismos, hasta casi no hacer distingos con los ciudadanos de ley.

b) La identidad esencial. Pertenece a la comunidad política quien pertenece a la comunidad nacional. Este criterio admite grados, no es binario: de cero a ocho apellidos -vascos, catalanes, irlandeses-, se puede ser “muy típico” en los modos de hablar, en las costumbres, en las opiniones, o poco. La adhesión a esta comunidad es por tanto más difícil y lenta, no es cosa de jurar bandera y constituciones. Una consecuencia es que aquel que es más “de los nuestros” representa mejor la “voluntad general”. Hasta el punto de que quien no es “de toda la vida”, es sospechoso de aportar un punto de vista extraño. Evidentemente la voluntad general -como enseña Rousseau- no es la voluntad de muchos, ni de la mayoría, ni siquiera la voluntad de todos. ¿Qué es entonces, cómo se determina? En el universo mental de la identidad cultural como criterio de pertenencia político, las esencias del Volkgeist -que se presentan como eternas o al menos con raíces en una historia milenaria- son en realidad definidas por quienes descienden “de la pata del Cid”, por quienes efectivamente logran presentarse como encarnación de esas mismas esencias. Para lograr ese reconocimiento y adhesión, valga la contradicción, han de recurrir -el concepto de es Hobsbawn- a las “tradiciones inventadas”. El populismo identitario es siempre también un elitismo de cuna. Pero siempre también recurre a la distinción con “el otro”, cuyo modo de ser amenaza nuestra existencia: el enemigo.

En las democracias constitucionales de los Estados nación europeos, ambos lenguajes están presentes. Se corresponden fundamentalmente con los dos principios del liberalismo y de la democracia, que identificaba Carl Schmitt en su Teoría de la Constitución. Para algunos esos dos principios -y los correspondientes lenguajes- son perfectamente compatibles y complementarios. Otros -alertados por Schmitt o por la mera observación de la realidad- perciben la tensión.

En realidad la fórmula del constitucionalismo democrático es la siguiente: no podemos ignorar la fuerza de la identidad nacional. Por eso las naciones europeas de post-guerra decidieron no ignorar la soberanía y la identidad, como hubiera querido un Kelsen, enterrando el muerto en el jardín (con el riesgo de que resucitara en forma de zombie). El trono soberano está vacío, y el pueblo como comunidad pre-política ha quedado solemnemente embalsamado, depositado con honores en el panteón de la historia y de los primeros artículos de la Constitución.

Pero claro, incluso este homenaje fúnebre de mármoles e himnos, resultaba para muchos excesivo. De ahí que surgiera una tercera opción sobre cómo configurar nuestras comunidades políticas, adaptada a la realidad plural de nuestras sociedades, la porosidad de nuestras fronteras, y la liquidez de nuestros razonamientos: el multiculturalismo.

El multiculturalismo se niega a definir la comunidad política en términos esenciales -¿qué sociedad postmoderna es homogénea y a qué precio?-, pero también renuncia a reclamar adhesión a principios “racionales” fuertes pues ¿quién puede definir lo universal y a qué precio?

A nadie se le oculta que así planteado el multiculturalismo no es sino un liberalismo acomplejado, descafeinado, que sigue pensando que hay algo de universal y superior en su modo de organizar la sociedad -líquido y plural, en convivencia pacífica de comunidades para mayor gloria de los individuos- pero que evita decirlo así. Pero es también una forma de liberalismo que muestra sus contradicciones (la sharía aplicada por tribunales europeos) y que no consigue relajar los vínculos -no precisamente liberales- de las comunidades que pretende acoger, ni aumenta la lealtad de estas comunidades hacia el marco común.

Ante las consecuencias negativas de esta estrategia, recuperó fuelle la visión ciudadana de la comunidad política, que reclamaba un verdadero patriotismo constitucional. Hay algo aristotélico en este proyecto de lograr adhesión emocional -y no puramente funcional o intelectual- a un principio racional como es el constitucionalismo democrático. Sin embargo, ignora algunas exigencias del aristotelismo (su carácter narrativo, concreto, vinculado a comunidades reales antes que a principios generales o grupos sociales más amplios), que hoy entendemos mejor al verlas reformuladas por la psicología social.

En los últimos años estas democracias constitucionales de los Estados nación europeos se ven sometidas a la presión de las identidades alternativas agraviadas y al emotivismo relativista, que rechazan a la vez -y en estrategias que se articulan de modos diversos- tanto la identidad nacional honrada en nuestros panteones, como la supuesta racionalidad de nuestros procedimientos e instituciones. Y es que a las definiciones oficiales de racionalidad e identidad se les ve el plumero del status quo de ciertas élites, por lo que no consiguen desactivar los discursos anti-institucionales de los diversos populismos.

El preservadurismo tecnocrático que gobierna en tantos sitios de Europa solo alerta del riesgo (real) que estos discursos populistas suponen, pero es incapaz de ofrecer un renovado relato sobre el bien común y el papel de las instituciones que convenza y suscite lealtad. Quizá la única salida sea alguna forma de agustinismo político, que vea en esas instituciones un medio imperfecto para garantizar la paz y la seguridad comunes, pero no un proyecto de elevación moral.  

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